Publicado en: Lun, jul 15th, 2019

Vincho Castillo, Rodríguez del Orbe y otros juristas dicen que someterán a la justicia a quienes violenten la Constitución

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Varios juristas anunciaron este lunes que respondiendo al llamado nacional de la Coalición para la Defensa de la Constitución, de acciones concretas para la protección de la misma, han iniciado el proceso de recepción denuncias específicas ,documentos, videos, declaraciones y evidencias fehacientes , de todo tipo, sobre la comisión de graves crímenes contra la Constitución de la República, a fines de instrumentar los urgentes sometimientos judiciales correspondientes.

El anuncio lo hicieron Rafael Luciano Pichardo, Pedro Romero Confesor,  Marino Vinicio Castillo Rodríguez, Abel Rodríguez del Orbe,  José Enrique Hernández Machado y  Juárez Víctor Castillo Semán.

Los tipos penales a ser perseguidos como resultado de las evidencias en proceso de recolección, evaluación, organización y sistematización serían los de Coalición de Funcionarios, Prevaricación, Enriquecimiento Ilícito, Soborno, Desfalco y Lavado de Activos, con el cada día más evidente fin de comprar conciencias de legisladores para un anómalo y fraudulento proceso de modificación de la Constitución tendente a evitar, sortear, diluir y/o rehuir el estricto y mandatorio cumplimiento del Art. 20mo Transitorio de la Constitución que prohíbe toda nueva repostulación al actual presidente de la República.

Los juristas informaron que no pueden permanecer indiferentes ante los cada vez más ostensibles intentos de destrozar el imperio de la Constitución de la República, piedra angular del Estado de Derecho y de la Democracia en la República Dominicana, a través de la corrupción administrativa que ella misma proscribe en su artículo 146 y también un amplio cuerpo de disposiciones y leyes adjetivas penales aplicables.

Afirmaron que la extrema gravedad de situación impone que se tomen medidas concretas para impedir lo que sería una especie de golpe delictivo a la Constitución, por vías abiertamente criminales.

Sostuvieron que la coyuntura de riesgo institucional de la Nación se agravó aún más cuando en días pasados, en el marco de una intempestiva e inconstitucional ocupación militar del Congreso de la República el diputado Manuel Díaz infirió y luego refirió, clara y desembozadamente, a asombrados periodistas que cubren la fuente del Congreso Nacional  y, luego, a los del conocido Programa El Sol de la Mañana, que para obtener los votos que se necesitaba para la imposición de una modificación  constitucional que permitiera repostular al Presidente Danilo Medina, se podría llegar a la compra de conciencias de diputados adversos a la misma.

Los juristas informaron que un amplio cuerpo de valiosos y acuciosos abogados  y técnicos ya les asiste en la recepción de denuncias, evidencias y en la preparación de los expedientes y están abiertos a recibir, de cualquier legislador, funcionario, empleado, subalterno, administrativo o legislativo, intermediario, o persona ya contactada,  todos los nuevos testimonios, evidencias fehacientes, documentales o de cualquier índole, contra cualquier persona, sea funcionario público o no, intermediario, legislador o empleado del poder legislativos, empresarios, comerciantes, o de cualquier oficio o profesión, que esté participando como sujeto activo o pasivo de tales crímenes.

El correo electrónico para contacto es: constituciónydemocraciard@gmail.com

Las infracciones que, según las informaciones que están siendo recibidas, se podrían estar presentando, en concurso real, están severamente sancionadas por nuestro ordenamiento penal.

La Ley 311-14 tipifica penalmente el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones cuando en su artículo 18 expresa: “Artículo 18.- Sanciones por enriquecimiento ilícito. Los funcionarios públicos que resulten

responsables de enriquecimiento ilícito serán sancionados con la pena de cuatro (4) a diez (10)años de prisión mayor, una multa equivalente al duplo del monto del incremento, y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de diez (10) años.

El Soborno es tipificado por Art. 177 Código Penal y estaba originalmente penado con la degradación cívica, que apareja prisión de hasta 5 años de prisión  y multa del duplo de las dádivas o pagos realizados, tanto al que los ofrece como al que los recibe.vincho y otros1

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