Publicado en: Mar, sep 3rd, 2019

Zona Fronteriza languidece a pesar de que hace 18 años existe una ley que incentiva su desarrollo

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Jhenery Ramírez

Santo Domingo, RD

Hace 18 años nació una pequeña esperanza en las comunidades que están en los alrededores de la Zona Fronteriza. Se promulgó la Ley 28-01 sobre Desarrollo Fronterizo y las personas que residían allí se preparaban para montarse en el tren del progreso porque los empleos aumentarían y podrían mejorar su calidad de vida.

Con esta normativa se buscaba reducir los altos niveles de pobreza que afectan a las siete provincias fronterizas del lado dominicano: Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Monte Cristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco.

La ley establece que las empresas industriales, agroindustriales, agropecuarias, de zonas francas, metalúrgicas y energéticas que operen dentro de los límites de estas provincias tendrán una exoneración del 100% del pago de impuestos, de aranceles aduaneros sobre materias primas, equipos y maquinarias, así como cualquier tipo de impuesto, durante un período de 20 años.

Y por si fuera poco, a los empresarios que quieran instalarse en la frontera se les otorgaría el 50% en el pago de libertad de tránsito y uso de puertos y aeropuertos. Sin embargo, la misma ley solo mantiene estos incentivos 20 años a partir de su promulgación, por lo que ya en dos años las exenciones no tendrán validez y las empresas que operan en la frontera bajo este amparo, podrían desaparecer.

Con la implementación de esta ley han surgido debates entre los empresarios sobre la competencia desleal, mientras los habitantes de las provincias fronterizas siguen esperando el desarrollo de esa zona. La normativa ha funcionado solo para algunas empresas y la incertidumbre se ha adueñado de lo que en 2001 fue la ilusión de esas personas que viven en la extrema pobreza.

Lo oscuro de la economía dominicana

Las condiciones deprimentes que viven los habitantes de estas provincias han situado a la zona fronteriza como la más pobre del país. Estas consideraciones se han arrojado en estadísticas e investigaciones de organismos como la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Ministerio de Economía y otras instituciones.

Los datos de la ONE son impactantes: 53% de los hogares usan letrina, 17% no tiene un servicio sanitario, 23% cocina en leña, 10% cocina a carbón, 17% de las viviendas no tiene acceso al suministro público de energía eléctrica y el 48%de las personas vive en una casa que tiene las paredes construidas con madera o materiales de menor calidad.

Esta realidad hace que las personas que quieran tener una mejor calidad de vida  se trasladen a otras provincias donde tengan más oportunidades, como Santo Domingo y Santiago. La motivación para impulsar la ley era que las empresas puedan invertir en la frontera para que su gente pueda dedicarse a trabajar allí mismo.

Según el Consejo De Coordinación Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF), cuando la ley tenía 13 años de su promulgación había 95 empresas activas en la frontera distribuidas de la siguiente manera: Montecristi (51), Dajabón (19), Santiago Rodríguez (12), Independencia (5), Bahoruco (3), Pedernales (3) y Elías Piña (2). Tomando en cuenta estas informaciones y al compararlas con el Índice de Desarrollo Humano que presentó a inicios de este año el PNUD, es preciso notar que la cantidad de empresas instaladas en cada provincia va muy de la mano con cuánto ha podido superarse.

En Elías Piña solo se habían instalado dos empresas y de todas las provincias del país esta ocupa la última posición en cuestiones de desarrollo. Las otras localidades de la zona fronteriza donde hay pocas empresas operando son también las más pobres de República Dominicana, por ejemplo, Pedernales ocupa el puesto 31, Independencia el 30 y Bahoruco el 29 en el ranking del PNUD de Desarrollo Humano, donde se toman en cuenta las condiciones de salud, educación e ingresos.

Un estudio titulado “Balance de la Ley de Desarrollo Fronterizo: entre el olvido y la necesidad de progreso” del Observatorio Político Dominicana de Funglode destaca que a pesar de la Ley 28-01 en la frontera se requiere mayor y mejor gasto público social en educación, salud e infraestructura y la provisión de los bienes públicos necesarios haría mucho más atractiva esta zona para la inversión y aliviaría grandemente la marginalidad de estas poblaciones.

Lo que sugiere el autor de esta investigación, Greidys Roa Chalas, es que haya una reforma integral de la normativa que considere la transformación que ha tenido el país en los últimos años.

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